ciudad sin dios

La favela Vila Kennedy fue creada en 1964 en la zona oeste de Río de Janeiro, a 45 minutos del coqueto barrio de Ipanema. La iniciativa de la gobernación carioca contó con el apoyo del presidente estadounidense John Kennedy, quien donó una parte del financiamiento. La utopía urbanística era construir un barrio en el que diera gusto vivir. Cincuenta años después, sus cuarenta mil habitantes viven entre tiroteos casi diarios, viviendas precarias y el control narco. Aun así, no se imaginaban que la comunidad se convertiría en un laboratorio para las fuerzas armadas.

Ese último capítulo de la historia comenzó a escribirse el 15 de febrero, cuando el polémico presidente Michel Temer decidió la intervención federal del Estado de Río de Janeiro. Después de un carnaval salpicado de hechos de inseguridad con gran amplificación en los medios –la muerte de tres policías militares, un saqueo a un supermercado de la zona sur, varios asaltos y arrebatos a turistas en la orla carioca, nada muy distinto a lo sucedido en años anteriores–, Temer dio un golpe de efecto. En una resolución sin precedentes desde la dictadura a la fecha, las fuerzas armadas asumieron hasta fin de año la autoridad de las policías civil y militar, del área de inteligencia y del sistema carcelario del Estado de Río.

El Ejército había intervenido en operaciones de seguridad interna en varios estados, de manera recurrente en Río, pero siempre en “auxilio” de las autoridades locales. El Partido dos Trabalhadores (PT), hoy crítico de la intervención, había echado mano a los militares en 2004, con el envío por parte del entonces presidente Lula de 4000 hombres “para contener la violencia generada por el narcotráfico” en Río. Durante la presidencia de Dilma Rousseff tuvo lugar la ocupación del Complexo de Alemão, en 2010, y numerosas misiones conocidas como “Garantía de la Ley y el Orden”, ordenadas por Dilma para “asegurar un clima de paz” durante el Mundial y los Juegos Olímpicos de 2016.

coronel braga

El decreto que firmó Temer puso por primera vez las riendas de la seguridad de Río en manos de un oficial del Ejército, el coronel Walter Souza Braga Netto, jefe del Comando del Este, de 61 años. Braga Netto ingresó al Ejército en 1975 y se doctoró en Política, Estrategia y Administración en la Escuela de Comando y Estado Mayor. Durante los gobiernos del PT se desempeñó en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, y como agregado de Defensa en la embajada brasileña en Polonia, en 2007, y en los Estados Unidos y Canadá, en 2011. En su currículum aparecen cursos de especialización en operaciones en la selva, y en la utilización de blindados.

Transcurridos dos meses de gestión, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Obviamente, el funcionario no se sacó el cassette.

Hasta el momento, los números de la violencia no se redujeron, crecieron los robos y la cantidad de homicidios y detenciones se mantuvieron estables. ¿Cuál es el sentido de la intervención?

—Nosotros no tenemos la ilusión de que los resultados aparezcan en el cortísimo plazo. Entendemos la expectativa de los pobladores, pero el objetivo no es utilizar a las fuerzas armadas en un patrullamiento ostensivo. Estamos usando nuestros efectivos en operaciones puntuales, permitiendo a los órganos de seguridad pública cumplir con los pedidos de búsqueda y aprehensión. Es decir, no se trata de una intervención militar propiamente, sino que es gerencial. El patrullaje continúa a cargo de la Policía Militar del Estado de Río. La investigación criminal continúa a cargo de la Policía Civil. Nuestra tarea es crear mecanismos y procedimientos que mejoren la capacidad operativa de los órganos de seguridad pública y, así, aumentar la percepción de seguridad para la población. Esperamos concluir nuestra misión entregando al gobierno del Estado las instituciones en el área de seguridad fortalecidas y trabajando de forma integrada entre sí. Ese cambio de paradigma va a redundar en una baja progresiva de los indicadores criminales.

¿Por qué Vila Kennedy?

—Tomamos a la Vila Kennedy como piloto o punto de partida, por la proximidad con las unidades logísticas del Ejército y por la osadía de los criminales que viven allí. Ellos recolocaban diariamente las barricadas que los militares retiraban de las calles, para así mantener el control. Queremos rescatar el origen de la Vila, concebida para ser un barrio popular, pero que por la ausencia del Estado se fue deteriorando. Ese proceso es similar al de otras comunidades.

ajedrez en la favela

Una semana después de haber lanzado la intervención federal de Río, Temer la consideró una “jugada de maestro” durante una entrevista radial. Y es que, como en un pase de magia, esa ocupación militar borró de escena a la impopular reforma previsional. El proyecto de ajuste jubilatorio de la administración brasileña se encaminaba a un seguro revés en el Congreso, que podía dejar herido de muerte al Gobierno hasta la sucesión de fines de 2018.

A diferencia de la Argentina, los militares en Brasil gozan de gran prestigio en una porción considerable de la sociedad. Una encuesta realizada a mediados del año pasado por Datafolha reveló que las Fuerzas Armadas es la institución que mayor confianza despierta entre la población (el 40% confía mucho y 43% confía un poco, mientras que apenas un 15% no confía). El mayor exponente de la “mano dura” en la política brasileña, Jair Bolsonaro, diputado carioca hace 27 años, excapitán del Ejército y apologista de la última dictadura militar, ocupa el primer lugar en los sondeos para candidatos a presidente en el caso de que Lula sea inhabilitado a participar. Bolsonaro puso el grito en el cielo cuando el Gobierno anunció la intervención: “Temer ya robó muchas cosas, pero mi discurso no me lo va a robar”. Sin embargo, la mayoría del espectro político en el Congreso acompañó el decreto de militarización.

La primera batalla de la ocupación fue por los símbolos. Durante un mes, entre 700 y 2000 militares, apoyados por grupos especiales de la Policía Militar, además de tanques y helicópteros, patrullaron el barrio para remover las barricadas que utilizan las bandas con el objetivo de ejercer el control de la circulación. Una y otra vez, los militares pasaban con topadoras por las principales arterias de la comunidad para retirar los bloqueos. Al otro día los traficantes volvían a colocar tachos rellenos de cemento, utilizados como reductores de velocidad. Luego de treinta días de disputa el Ejército se anotó la victoria y ya nadie más intentó volver a colocar barreras.

Como segunda estrategia, el Ejército buscó darle un rostro “humano” a la intervención. En algunos casos las operaciones contaron con apoyo del gobierno estadual y de la municipalidad de Río, y llevaron consultorios de salud móviles y apoyo escolar. El 8 de marzo, día internacional de la mujer, los soldados repartieron rosas en el barrio. Pero al día siguiente las retroexcavadoras derrumbaron 52 puestos ambulantes en una operación de la municipalidad con apoyo del Ejército. La violencia fue tal que el alcalde evangélico de Río, Marcelo Crivella, tuvo que pedir disculpas por el “uso excesivo de la fuerza” y se comprometió a resarcir a los puesteros.

A dos meses de control militar de la seguridad pública, los vecinos le reconocen una victoria pírrica a las tropas: “no teníamos acceso a los derechos básicos, había enfrentamientos muy recurrentes entre los propios traficantes, y cuando la policía entraba en territorio. Con la presencia de los militares eso se acabó, se retiraron las barricadas y tenemos libertad de estar donde queremos. Pero el tráfico no se acabó, eso es imposible”, dice Carla Felizardo, vecina de la Kennedy. En el mismo sentido, de acuerdo con un sondeo de Datafolha, el 76% de los cariocas se muestra favorable a la medida, aunque solo la mitad cree que la situación de seguridad va a mejorar cuando la intervención termine.

estrategia y sensación

Es viernes por la tarde en la playa de Leblon, la más exclusiva de la zona sur de la ciudad. Los bañistas dejan la arena hacia la avenida Delfim Moreira, que bordea al balneario. Estacionada en doble fila hay una camioneta militar. A pocos metros del vehículo, seis hombres quietos como estatuas vigilan. Visten ropa de camuflaje, llevan cascos que cubren la mayor parte de sus rostros, portan fusiles largos de guerra. La escena es intimidante pero no llama la atención de los vecinos del barrio, más residencial que turístico. Promediando el segundo mes de la intervención, los jefes dispusieron una nueva estrategia: desplegar un patrullamiento más ostensible en áreas céntricas y muy concurridas.

Para los especialistas, este tipo de medidas apuntan a reforzar la “sensación de seguridad”, pero están lejos de resolver los problemas de fondo de la violencia. “Habría que tomar otras medidas relacionadas con la inteligencia y la investigación del crimen. Pero la intervención hasta ahora no priorizó eso, trajo algunos recursos para patrullamiento y la presencia de los militares pero no alteró el escenario”, asegura Ignacio Cano, doctor en Sociología e investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ).

En 2017 las muertes violentas en el Estado de Río tuvieron el mayor incremento desde 2009, cuando se puso en marcha el proyecto de “pacificación” de las favelas y territorios dominados por bandas narcotraficantes y milicias. Los homicidios crecieron un 7,5% en relación a 2016, con 6731 asesinatos. Río de Janeiro, sin embargo, está lejos de los indicadores que exhiben los estados más violentos de Brasil. El primero en el ranking es Sergipe, en el nordeste, con una tasa de 64 muertes cada 100.000 habitantes, seguido por Río Grande del Norte (56,9) y Alagoas (55,9). Se trata de regiones jaqueadas por las redes de narcotráfico y la presencia de grupos militares que dominan porciones de territorio e imponen sus propias leyes.

¿Por qué, entonces, fue elegido Río de Janeiro como prioridad para una medida de tales características?, le preguntó crisis a Braga Netto.

—Río siempre fue una caja de resonancia para el país. Aquí los hechos tienen una repercusión muy grande. Eso tal vez explique el grado de expectativa y, en consecuencia, la resolución de intervenir la seguridad del Estado. Pero tenemos que encarar este proceso como una oportunidad para producir un nuevo modelo de gestión en el área de seguridad pública. Tenemos la esperanza de que dejaremos un legado gerencial y ético para los próximos gobiernos, no solo de los demás estados de Brasil.

eu digo não

Las ejecuciones de la concejal Marielle Franco y de su chofer Anderson Gomes la noche del 14 de marzo en pleno centro de Río de Janeiro conmovieron a la sociedad brasileña. Cientos de miles de personas en estado de shock salieron a las calles el día siguiente para alzar sus voces contra la barbaridad. La potente reacción no tuvo que ver solamente con la brutalidad del crimen y la impunidad con la que actuaron los asesinos. Marielle encarnaba varios sujetos: negra, lesbiana, feminista y oriunda de Maré, una de las favelas más picantes de la ciudad, se había convertido en referente de la lucha por los derechos y en una figura con proyección política. Muchos cariocas sintieron que esos balazos asesinos habían apagado una esperanza de renovación. Entre los gritos desgarrados de justicia y el unánime pedido de esclarecimiento, hubo un reclamo que sonó fuerte: el fin de la intervención federal.

El crimen de Marielle entorpeció la “jugada maestra” del presidente Temer. El Gobierno envió al ministro de Justicia a monitorear el avance de las investigaciones en Río. Al cierre de esta edición, la investigación de la Policía Civil tiene como principal hipótesis que el crimen estuvo a cargo de grupos paramilitares, debido al tipo de munición usada y al profesionalismo en la ejecución.

Diferentes analistas comenzaron en el último tiempo a referirse al avance de la criminalidad en Brasil como una “mexicanización” del gigante sudamericano. Desde 2007, México comenzó a volcar sus fuerzas armadas al combate del narcotráfico y la conflictividad interna. Los resultados, hasta ahora, fueron un desastre. “La entrada del Ejército supuso un aumento notable de la violencia. Lejos de resolver los problemas, hubo un costo económico muy grande, la tasa de homicidios se triplicó en pocos años y se multiplicaron los abusos y violaciones a los derechos humanos. México es una referencia negativa para Brasil”, afirma Ignacio Cano. El estudioso señala, no obstante, que Brasil se mueve todavía entre dos modelos: “El proyecto actual tiene como objetivo dar una sensación de seguridad a los ciudadanos, pero hay otra tendencia dentro de las fuerzas armadas que piden una línea mucho más dura: eliminar los controles legales para que el Ejército pueda matar a personas armadas aunque no supongan una amenaza inmediata, o evitar posibles comisiones de la verdad para que no haya represalias posteriores. Ese es hoy el riesgo, avanzar hacia un esquema como el mexicano, con muchas víctimas y pocos resultados”, sintetizó.

Braga Netto está alineado con el comandante general del Ejército Eduardo Villas Bôas, el mismo que publicó un tuit temerario presionando a la Justicia justo antes de condenar al expresidente Lula. Sin embargo, ellos representan al ala más moderada de la fuerza. El militar Sergio Etchegoyen, jefe de gabinete de Seguridad Institucional, es el mayor representante de un endurecimiento afín al modelo mexicano.

crisis le preguntó a Braga Netto qué tenía Brasil para aprender de la experiencia centroamericana. Su respuesta fue huidiza: “Brasil, y particularmente Río de Janeiro, tiene peculiaridades que fueron estudiadas, analizadas y sirvieron de base para nuestra planificación. El combate al crimen, que es alimentado sobre todo por el tráfico de drogas y de armas, debe contemplar acciones de ámbito local y articulaciones en el exterior. Río es nuestro punto focal, pero no tenemos dudas de que los resultados tendrán reflejos positivos para todos”, aseguró. A la intervención federal le quedan siete meses por delante. En la Kennedy, los vecinos intuyen que se está tratando de resolver un viejo problema con recetas que ya se probaron ineficaces.