breve historia de los poderes infames

No pasa nada. Esa fue la sensación que tuvo el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri (SU), cuando supo de la denuncia en su contra en sede judicial. Fue el 21 de diciembre de 2015. Habían transcurrido once días desde que el hombre fuerte del peronismo provincial dejara la gobernación que ocupó durante dos períodos consecutivos.

Ese número, el ocho, resonaría en su cabeza. El último 8 de abril de 2022 escuchó en la voz del juez José María Chemez la condena a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Estaba en Tel Aviv (Israel), donde se desempeñaba como embajador argentino. No tuvo mayor amparo político. En su origen, la denuncia coincidió con la asunción del peronista Gustavo Bordet pero también con la designación de Rogelio Frigerio como ministro del Interior en el gobierno de Mauricio Macri. Desde entonces Frigerio ofició de auditor en Entre Ríos, con una presencia quincenal en la tierra que pretende gobernar a partir de 2023.

Durante las audiencias en el juicio oral y público se reveló importante evidencia probatoria. De hecho, cuando se anunció la fecha en la que se leería la sentencia, nadie en el círculo rojo vernáculo se animaba a predecir un pronóstico alentador para el entonces embajador. La condena fue por el desarrollo de un plan para desviar fondos públicos millonarios durante su fallida candidatura presidencial entre 2014 y 2015.

caja negra

La denuncia fue interpuesta por el abogado Rubén Pagliotto y suscripta por su par Guillermo Mulet, ambos de origen radical. En poco tiempo, los fiscales avanzaron con la pesquisa. La primera medida impactó de lleno en la cotidianidad del entonces presidente de la Cámara de Diputados provincial: el 1 de agosto de 2016 allanaron dos empresas que se las atribuían a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quien también fue condenado a seis años y medio de prisión. Allí se incautó un disco externo que luego se iba a transformar, según los investigadores, en la “caja negra de la corrupción”. El dispositivo tenía documentación sensible sobre negocios entre el Estado y dos imprentas por las que pasó buena parte de las campañas publicitarias de las gestiones urribarristas. La Justicia comprobó que efectivamente eran propiedad de Aguilera. La certeza de impunidad motivó que en los ochos meses transcurridos entre el día de la denuncia y ese allanamiento no intentaran “proteger” aquella información letal.

Santiago Brugo fue el primer fiscal que instruyó la causa y narra a crisis las intrigas: “Las primeras semanas fueron muy especiales porque no había mucho recurso humano para investigar a un exgobernador que políticamente seguía teniendo un poder importantísimo. También había otra cuestión: su hijo Mauro era el ministro de Gobierno y por lo tanto tenía a su cargo la policía. Eso provocó un primer problema: debimos tramitar la intervención de la fuerza federal para ese famoso allanamiento donde se encontró el disco externo que abrió todo un panorama investigativo”. Para el fiscal existe otro elemento decisivo: “En la composición del Poder Judicial hoy, en todas las instancias, se puede ver que la gran mayoría de los actores son personas de carrera judicial. Fueron evaluados por un Consejo de la Magistratura que lo integran la comunidad judicial, la universidad, las organizaciones sociales y tan solo un representante del Poder Ejecutivo”.

El tribunal consideró que Urribarri y el entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, en acuerdo con el cuñado Aguilera, pergeñaron un método para el desvío de fondos públicos a través de diversas contrataciones de publicidad en la vía pública y en distintos medios de comunicación, la elaboración de productos de imprenta, la publicación de una solicitada en medios nacionales contra los fondos buitre, la difusión de spots con el declamado interés de promocionar a la ciudad de Paraná en el marco de la Cumbre del Mercosur que se realizó en diciembre de 2014, y la instalación de un parador de promoción turística en Mar del Plata al mes siguiente. Para la Justicia todo tenía como fin instalar la figura del entonces gobernador como precandidato a presidente.

“Acá lo que sucedió fue que Urribarri se confió del Poder Judicial, en realidad de algunos sectores, que no lo habían investi- gobierno de su partido. La historia venía dándole la razón, las investigaciones nunca habían llegado al número uno”, analiza un magistrado que participó de un legajo por el que se condenó al exmandatario.

Su diagnóstico tiene fundamentos: Urribarri supo hacer lugar a cada una de las pretensiones que llegaban desde los tribunales cuando estuvo al frente de la gobernación. Abultó los presupuestos para que se implementara el sistema acusatorio, en el que el Ministerio Público Fiscal ejerce el monopolio de la persecución penal, dejando a los jueces de garantías como observadores del proceso. Eso implicó inversión edilicia y estructura. Este mismo sistema es el que pretende hoy Alberto Fernández.

Pero Urribarri, además, le concedió a la comunidad judicial un reclamo de décadas como fue la Ley de Enganche, que ata los salarios de los funcionarios y empleados a los incrementos que determina la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando Urribarri anunció que cumpliría ese viejo anhelo, sostuvo que se trataba de un aporte más a la independencia del Poder Judicial, porque no sería el Ejecutivo quien iba a determinar el salario de un juez o fiscal sino la Corte.

También hizo aprobar en la Legislatura una ley a medida de las pretensiones del Procurador General, Jorge García, que establece el verticalismo en el seno del organismo. Los detractores de esa norma señalan que dejar en manos del Procurador la decisión de investigar –o no– un hecho es poco democrático. En el oficialismo veían saludable tener un único interlocutor y no un club de libres pensadores. Eran tiempos en que el jefe de los fiscales y el gobernador se llevaban de maravillas.

Ya fuera del poder, Urribarri vio avanzar las investigaciones en su contra en vivo y en directo a instancias del mismísimo Ministerio Público Fiscal que había ayudado a empoderar durante su gobernación.

la siesta del pato

Durante todo el proceso, el Pato se manifestó confiado en la Justicia, en contraste con un kirchnerismo que denunciaba el lawfare de jueces y fiscales durante el macrismo. Un abogado vinculado al kirchnerismo entrerriano y con contactos en el Instituto Patria, le contó a crisis que Cristina Kirchner le había advertido a Urribarri que abandonara esa actitud condescendiente: “En Buenos Aires se estaba dando una pelea para poner de relieve el accionar mafioso de sectores judiciales y acá el Pato decía que confiaba en los fiscales y jueces. Cristina se hizo la idea de que entonces acá estaba todo bien o por lo menos que todo se encaminaba a un arreglo”.

Cuando asumió la presidencia de la Nación, antes de designarlo como embajador en Israel, Alberto Fernández se puso en contacto con el procurador García, a quien conocía de su docencia universitaria, para tener de primera mano un cuadro de la situación judicial. En esa charla el presidente le garantizó que tendría a su funcionario sentado ante el tribunal.   

El gobernador Bordet nunca hizo referencias a las causas que se iban acumulando contra su antecesor. La narrativa oficialista tuvo todos esos años como slogan la “transparencia”. Desde el propio gobierno se difundían los informes del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) que ponía a Entre Ríos como paradigma de una gestión sana en ese plano.

El gobernador tuvo la posibilidad de designar tres vacantes en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la máxima instancia en la provincia. La primera designación fue una propuesta de Cambiemos, en tiempos en que Frigerio, con el traje de ministro, comenzaba su carrera política en Entre Ríos. Bordet le pidió a la oposición que constituyera una terna para luego sacar un nombre de ahí. El nominado fue Miguel Ángel Giorgio. Cuando se produjo la segunda vacante designó a un amigo de la infancia, Martín Carbonell, y recientemente a Gisela Schumacher, pareja del presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano. En ninguno de los tres casos hubo impugnaciones, lo que reafirma una vez más la buena convivencia entre oficialismo y oposición.

Cuando los legajos en contra de Urribarri se abultaban, porque la Procuración General ponía toda la estructura en esta causa, Frigerio hacía silencio y Bordet repetía en la prensa su cruzada por la transparencia e independencia de los poderes. En paralelo, al intendente cambiemita de Paraná, Sergio Varisco, se le inició una causa por haberse financiado en la campaña con dinero del narcotráfico. El intendente era el único dirigente radical dispuesto a encabezar una propuesta para darle pelea a Frigerio. En 2019 fue sentenciado con abundante prueba a seis años de prisión, con el silencio de su partido.

grieta cerrada

El 20 de noviembre de 2018 una bomba explotó en la cara de la dirigencia política: una mujer con varias tarjetas de débito fue encontrada extrayendo dinero en un cajero de un banco. Extrañamente un policía decidió indagarla. Flavia Beckman prestaba servicios para la legislatura y formaba parte de una estructura que durante una década se dedicó a contratar gente, en su mayoría de escasos recursos, con el fin de hacerse del salario a cambio del pago del monotributo y la obra social, sin ninguna contraprestación. La recaudación iba a parar a legisladores, contadores y funcionarios de ambas cámaras parlamentarias.

La Justicia determinó que el desvío de fondos públicos fue de 1100 millones de pesos entre 2008 y 2018. Aparecieron cuadernos con nombres de contratados y legisladores que solicitaban los contratos. La causa fue elevada a juicio en un proceso bochornoso en el que solo quedaron imputados empleados administrativos de la Cámara de Diputados y el Senado, e integrantes de dos estudios contables que eran quienes volcaban los fondos en inversiones inmobiliarias y agrícolas.

Dos días antes del cierre de la investigación, el entonces director administrativo de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, en carácter de imputado, decidió ampliar su declaración. Afirmó lo que se sabía y nadie quería escuchar, incluyendo a los fiscales: “Quienes tenían la potestad absoluta y elegían a las personas a quien contratar eran los diputados. Decidían qué persona contratar, qué persona no contratar, los montos, y si se daba de alta o de baja”. En ese párrafo determinó con exactitud la responsabilidad política de las contrataciones. El testimonio, sin embargo, fue eludido y la causa fue elevada a juicio sin ningún legislador imputado. El Ministerio Público Fiscal decidió hacer un recorte en la cadena de responsabilidades del desfalco, salvando así a cuatro vicegobernadores y a cuatro presidentes de la Cámara de Diputados, entre ellos al propio Urribarri. Fue tan alevosa la arbitrariedad que el Procurador García prometió que la saga tendría una inverosímil segunda parte en la que sí se investigaría a los responsables políticos.

La onda expansiva de esta causa de corrupción reconocida por propios y extraños como la más grande de la historia de la provincia iba a generar alteraciones. El radicalismo se vio obligado a hacer silencio sobre lo ocurrido durante los años peronistas, porque muchos de sus representantes en el parlamento fueron benefactores de ese sistema de contrataciones ilegales.

Antes de que la causa fuera elevada a juicio, un grupo de abogados defensores creyeron encontrar la puerta de salida: se presentaron en la Justicia Federal para plantear que ése debía ser el ámbito de la investigación. El argumento era que el delito era electoral porque lo extraído se había utilizado para financiar campañas políticas, lo que implicaba penas menores a las tipificadas en la jurisdicción provincial. La estrategia se había gestado antes en Buenos Aires por pedido del kirchnerismo entrerriano. Los operadores políticos no podían quedar atrapados en la grieta porque a ambos lados llegaban los perdigones. El peronista macrista Miguel Ángel Pichetto y el radical kirchnerista Leopoldo Moreau trabajaron en el apartamiento del juez federal Leandro Ríos porque daban por descontado que no le daría curso al reclamo de cambio de competencia. La excusa que utilizaron fue que había un parentesco entre Ríos y uno de los abogados defensores. Finalmente, el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, les dio la razón. Hoy la causa espera su resolución definitiva en la Corte Suprema de Justicia.

la polaca

La coordinadora de las causas de Urribarri y la de los “contratos truchos” en la Legislatura fue Cecilia Goyeneche, procuradora adjunta que estaba ejerciendo de forma interina la Fiscalía Anticorrupción. Una magistrada de irreprochable formación y vocación investigativa. Pero durante la pesquisa por las contrataciones en las cámaras legislativas surgió que Goyeneche era socia del contador Pedro Opromolla, integrante de un buffet que administraba los fondos públicos sustraídos ilegalmente. La fiscal interina decidió no apartarse de la causa hasta que, a partir de una medida de los fiscales, se supo que no era una sino dos las propiedades compartidas con el imputado Opromolla. Allí se apartó de la causa por motu proprio.

Más tarde, un testigo señaló que el esposo de Goyeneche, Sebastián Orlando, era socio de ese estudio contable años antes de que se iniciara la causa. Y algo más: al inicio de la etapa instructiva, cuando los fiscales determinaron prisiones preventivas para los sospechosos, ella exceptuó a los miembros del estudio de Opromolla. Por esas acciones fue denunciada la procuradora.

Durante los meses del juicio a Urribarri se podía ver en la sala de audiencias de los tribunales a Goyeneche y al exgobernador. Investigadora e investigado. Ambos fueron denunciados por iniciativa de Rubén Pagliotto, una especie de Ricardo Monner Sans local que tuvo su paso por la desparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) durante el último gobierno radical de Sergio Montiel, entre 1999 y 2003. Cercano a Rogelio Frigerio en los primeros años de Cambiemos, Pagliotto se alejó al no encontrar apoyo en una denuncia que hizo contra el gobernador Bordet por la licitación de las obras del Cierre Norte, donde la única oferente fue la empresa China National Import Export Corporation-Yutong SA.

Durante el juicio en su contra, Goyeneche difundió su versión en todos los medios nacionales denunciando una persecución política por haber investigado “al peronismo” y logrado una condena al exmandatario y otros funcionarios. La denuncia en su contra, sin embargo, fue anterior al comienzo del juicio a Urribarri y sus verdugos fueron Paglioto y Mulet, los mismos que enjuiciaron al exgobernador.
Goyeneche fue finalmente destituida en mayo por un organismo en su mayoría integrado por la corporación judicial: tres vocales del Superior Tribunal de Justicia, dos abogados y dos legisladores por el oficialismo.Según fuentes tribunalicias, Goyeneche será destituida por un organismo en su mayoría integrado por la corporación judicial: tres vocales del Superior Tribunal de Justicia, dos abogados y dos legisladores por el oficialismo.

patria contratista

Mayor suerte tienen los empresarios de la obra pública en Entre Ríos. Los representantes de las principales firmas que operan en la provincia hace siete años están imputados en la causa por la realización de la Cumbre del Mercosur en Paraná, en la que ya fue condenado Urribarri debido a la utilización de fondos públicos para su campaña presidencial.

Para que ese evento diplomático pudiera desarrollarse en diciembre de 2014, fueron necesarias una serie de obras de infraestructura que demandaron una inversión que inicialmente se fijó en 40,7 millones de pesos de entonces. Pero luego fue duplicada, según determinó la rendición de cuentas que hizo el propio gobierno en la Legislatura. Los empresarios están sospechados de cobrar sobreprecios. Sin embargo, los jeques de la construcción fueron apartados para ser juzgados en otro proceso que se mantiene inconcluso. La lista la integran Miguel Marizza, CEO de Caballi SA, Néstor Iván Szczech, de Szczech SA y presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Rubén Grasso, de Cemyc SRL y Daniel Hereñú, de la Organización Industrial Construcciones S.A (Oicsa).

Otro antecedente en beneficio de un empresario debe buscarse en marzo de 2020, cuando el Concejo Deliberante de la pequeña ciudad de Larroque aprobó un convenio suscripto entre la empresa Oicsa y la municipalidad. El objetivo era resolver una discusión económica originada en una investigación en la que se denunció al entonces intendente Raúl Riganti de haber incurrido en el pago de sobreprecios por 14 cuadras de asfalto. Al momento de aprobarse el acuerdo, funcionarios y empresarios reconocieron la existencia de irregularidades en la contratación y sobreprecios. Ante las críticas por el perdón empresarial, el presidente del Concejo Deliberante, Oscar Viale, se sinceró: “Hay que seguir trabajando”.

Un fallo reciente del Superior Tribunal de Justicia acaba de otorgarle a una constructora la suspensión de un juicio a prueba (probation) a cambio de que la firma devuelva dinero que supuestamente cobró como sobreprecio y dejar así saldado el comprobado perjuicio al Estado.

El 8 de abril, cuando faltaban pocos minutos para la medianoche, Sergio Urribarri escuchó en la voz del juez la condena a prisión. Minutos más tarde, el embajador en Israel y Chipre puso su cargo a disposición del presidente Alberto Fernández. La renuncia fue aceptada al instante.

El peronismo gobierna la provincia hace 19 años. Gustavo Bordet y Rogelio Frigerio se mantuvieron en los contornos de estos casos explosivos. Su silencio permitió que transcurrieran como parte de una supuesta cotidianidad republicana mientras la justicia condenaba al máximo líder del kirchnerismo entrerriano y en simultáneo al único oponente en la interna de Juntos por el Cambio.

En 2019 el primer mandatario fue reelecto por amplio margen en una elección desdoblada. Dos años más tarde, Frigerio arrasó en las elecciones legislativas y quedó en una posición inmejorable para la candidatura a gobernador en 2023. Mientras tanto se está renovando la mitad del Superior Tribunal de Justicia. El próximo mandamás provincial asumirá con un panorama judicial despejado.